La región de América Latina y el Caribe ha iniciado una nueva etapa de evaluación y fortalecimiento de su gobernanza ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional enfocado en acceso a la información, participación ciudadana y justicia en temas ambientales.

Durante la más reciente conferencia de las partes, representantes de múltiples países analizaron los avances y desafíos en la implementación del acuerdo, destacando que aún existe una brecha significativa entre los compromisos asumidos y su aplicación efectiva en los territorios.

Uno de los principales retos identificados es la protección de los defensores ambientales, así como la necesidad de fortalecer la transparencia institucional y la participación pública en proyectos con impacto ambiental.

Desde la perspectiva de los negocios internacionales, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental se convierte en un factor clave para atraer inversión extranjera, ya que los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son cada vez más determinantes en las decisiones de capital global.

En este contexto, la consolidación del Acuerdo de Escazú no solo tiene implicaciones sociales y ambientales, sino también económicas, al posicionar a la región como un entorno más confiable y sostenible para la inversión internacional.
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